Con el voto en contra de los partidos de oposición por considerarla la “peor” reforma, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen para reformar el artículo 19 constitucional, y aplicar la prisión preventiva oficiosa a los delitos de tráfico de sustancias químicas y extorsión.
En el debate el panista Ricardo Anaya, consideró que esta reforma es probablemente “el asunto más delicado por la implicación que tiene en decenas de personas” y acotó que no se discute el añadir los delitos sino de la figura.
También citó que los senadores recibieron una carta del Alto Comisionado de Derechos Humanos para solicitar que no se aprobara la reforma, aunado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la recomendación de eliminar la figura, pues viola la presunción de inocencia.
Marko Cortés, también del PAN, agregó que se está en contra de que sólo baste la acusación de un ministerio público para mandar al acusado a la cárcel, cuando organizaciones como México Evalúa dan cuenta que hasta 70 por ciento de esos casos resulta no culpables, y sólo llevan a las personas a “la universidad del delito, pues si no eran delincuentes, se vuelven delincuentes”.
La morenista Guadalupe Chavira destacó que si bien existe gente encarcelada sólo por esa figura, en el sexenio pasado se dio el mayor número de preliberaciones de personas.
En crítica hacia el panista Ricardo Anaya consideró que deberían “ponerse el huarache antes de espinarse”, pues su líder Jorge Romero está señalado de encabezar el cártel inmobiliario.
El morenista Manuel Huerta acusó deshonestidad de la oposición, pues el 70 por ciento de los casos referidos por Marko Cortés reflejan la desconfianza en el sistema judicial, que “con las reformas que hicimos se va a zanjar”.
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