Sheinbaum no participó en el envío de los 29 narcotraficantes a EU: García Harfuch


Viernes 28 de Febrero.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el “traslado” de 29 “generadores de violencia” a Estados Unidos fue “un acto de autoridad que no tiene antecedentes”, y dijo que la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, no tuvo “nada que ver”.
Durante una conferencia de prensa que ofreció con motivo del operativo llevado a cabo ayer, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, recalcó que el gobierno recibió una solicitud del gobierno de Estados Unidos en la cual enlistó, “con nombres y apellidos”, a los delincuentes que requería para presentarlos ante sus cortes de justicia.
Dijo que “Hubo una solicitud concreta por escrito. Creo que no habían pasado horas desde que llegó cuando se convocó el Consejo de Seguridad Nacional, que está conformado por varios funcionarios. Se hizo el análisis en esa reunión. Se vieron las bases jurídicas, si estaban cumplidas, y se procedió. Fue un asunto inmediato”.
García Harfuch, dijo por su parte: “Es una decisión del gabinete de seguridad. Es una decisión colegiada que se tomó en ese momento, en que no tiene nada que ver la señora presidenta de la República”, y señaló que existía el riesgo de que varios de los “objetivos de seguridad” consiguieran su libertad –incluyendo a José Ángel Canobbio, “El Güerito”–, o continuaran atrasando sus procesos de extradición.
Cuestionado sobre si la entrega de los narcotraficantes anulará la imposición de aranceles que el presidente estadunidense Donald Trump anunció para el próximo 4 de marzo, Gertz reviró, con una sonrisa, que “el cumplimiento de México es evidente; no hay manera de justificar ninguna sanción a una conducta que no solamente no es sancionable, sino que es encomiable”.
El fiscal confirmó que la operación no derivó de procedimientos de extradición; de hecho, al menos seis de ellos tenían amparos que los protegían de ser extraditados a Estados Unidos. Sostuvo que la operación se basó en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que define las amenazas a la seguridad nacional, y el artículo 89 de la Constitución, dedicada a las “facultades y obligaciones” de la Presidencia.


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